La decisión del alcalde José Luis Martínez-Almeida de paralizar las multas de Madrid Central no deja de ser rebatida por la Justicia. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha decidido en otro nuevo auto suspenderla, en la dirección que ya lo hizo el pasado martes en otra resolución y coincidiendo con el fallo del Juzgado número 24, que también acordó mantener las sanciones.

De este modo, en el auto, fechado a 19 de julio, y al que ha tenido acceso Ep, ha acordado conceder la medida cautelar solicitada por Greenpeace y suspende la resolución de 27 de junio que dictó el Consistorio por la que se acordaba la moratoria de las sanciones. Entre otros razonamientos jurídicos, el magistrado expone que «la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales». En otro punto, y respecto de los defectos del régimen sancionador que expone el Ayuntamiento en su escrito de alegación, el juez afirma que «la Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador (...) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones».

Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, acordó el pasado junio «abrir un expediente gubernativo en relación a los índices de contaminación existentes en Madrid». A estas diligencias se han «ido acumulando las diversas denuncias que sobre este tema se han presentado ante esta Fiscalía», señala el órgano judicial en un comunicado. «La Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente es la encargada de realizar el control de los índices», agrega.

Una de las denuncias a la Fiscalía procede de la asociación El Defensor del Paciente, que el pasado 27 de mayo solicitó su intervención «en el caso de la retirada de Madrid Central, con lo que supone para la salud de los ciudadanos que deben soportar la gran contaminación que se produce en esa zona». Basó su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a quienes por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal. En su respuesta, el fiscal comunica que «será informado de la decisión que se adopte a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen».

El Ayuntamiento reiteró ayer que su intención sigue siendo la de mejorar Madrid Central y ha confirmado que sus servicios jurídicos estudian si recurrir los tres autos que suspenden la suspensión de la moratoria.

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Fuente: LaRazon.es